Las ONGs del Perú y su silencio ante el gatillo fácil
“Las ONGs que son promotoras activas del neoliberalismo, que trabajan con inmensas sumas del Banco Mundial, de USAID, y de otras agencias de financiamiento internacionales y estatales, sobre la base de ¨subcontratos¨ para socavar las instituciones nacionales de asistencia social generalizada”
James Petras
Escribe: Garabombo
Al amanecer del primero de enero del 2005, el Movimiento Etnocacerista, liderado por el Mayor en retiro del Ejército Peruano (EP) Antauro Humala, acompañado -según fuentes extraoficiales- por más de un centenar de sus resevistas, tomaron la Comandancia PNP de Andahuaylas en el departamento de Apurímac (Ubicada en los Andes 800 km al sur de Lima).
Las exigencias de su movimiento, fueron: la inmediata renuncia del presidente constitucional del Perú Alejandro Toledo y la convocatoria a un Asamblea Constituyente, pues, afirmó Humala, que: “Este gobierno ya superó los límites de corrupción y subordinación ante el dominio extranjero político, militar y económico”. Así mismo, su hermano el Comandante Ollanta Humala, agregado militar en Corea del Sur, hizo un llamado al pueblo peruano para que se una al levantamiento etnocacerista y promuevan conjuntamente la caída de Toledo.
Ante esta crítica situación, pocas fueron las posiciones inteligentes y serenas, como las del congresista de la República, Michel Martínez o el representante de la Cruz Roja Peruana, quienes pidieron ser mediadores en un diálogo para que se arregle el conflicto, en el sur peruano. Luego se escucharon a los conocidos “analistas-intelectuales”, congresistas, tribunos, la izquierda chicha, fujimoristas, encuestadores, periodistas (la mayoría de ellos, disque, luchadores de la democracia y los derechos humanos), pidieron a voz unánime “poner orden” si es necesario a sangre y fuego, como lo insinuó anoche Carlos Ferrero, presidente del Consejo de Ministros y conocido tránsfuga político.
Suponemos que Ferrero -el traductor de Elian Karp- añora la masacre que perpetraron sus “fujihéroes” en abril de 1997 en la residencia del embajador japonés en San Isidro, cuando más de 100 comandos del ejército aplastaron a 14 integrantes del MRTA, y algunos rendidos, fueron ejecutados extrajudicialmente.
Pero, aparecieron posiciones preocupantes, algunas institucionales y otras, filo institucionales, como la del feroz ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, quien como es conocido, pidió orden sin importar las consecuencias. Rospigliosi trabaja hoy en el Instituto de Defensa Legal (IDL), entidad que durante el fujimorismo, trabajó de manera comprometida en casos de derechos humanos, pero parece que el financiamiento cambia y las posturas también.
Luego el pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el cual sorprendió, al aprobar el discurso de Ferrero en Palacio de Gobierno, de excluir el diálogo en la solución al problema.
Extraña mucho estas actitudes de ONGs que otrora, buscaban salidas pacíficas, para grupos como el MRTA. Algo parecido ocurrió cuando se fue a pedir apoyo a Amnistía Internacional-Perú, para el caso de César Zelada, detenido injustamente en Bolivia, estos se lavaron las manos, diciendo que no les competía. Parece, que esta vez, James Petras tampoco se equivoca en su análisis, pues, en el discurso etnocacerista siempre está presente el desacuerdo con el modelo neoliberal impuesto por Washington y su dominio geopolítico en América Latina, pero, sobre todo, muestra su disconformidad con el papel político-social que cumplen las ONGs en los países pobres.
Esperemos que la subvención económica y por tanto, la posición ideológica, no sea motivo por el, que, los organismos de derechos humanos renuncien a su defensa por la vida de cualquier peruano, saliendo a favor del gatillo fácil, que, anteriormente, ellos acusaron y descartaron como solución a los conflictos sociales. Y, tomando en cuenta que este levantamiento, sólo sigue la cadena violentista, que recorre el país los últimos años por descontento económico, laboral, defensa del medio ambiente, cultivos de coca, canon minero, de impartir justicia, entre otros. El silencio ante al gatillo fácil no es bueno para nadie.
Al amanecer del primero de enero del 2005, el Movimiento Etnocacerista, liderado por el Mayor en retiro del Ejército Peruano (EP) Antauro Humala, acompañado -según fuentes extraoficiales- por más de un centenar de sus resevistas, tomaron la Comandancia PNP de Andahuaylas en el departamento de Apurímac (Ubicada en los Andes 800 km al sur de Lima).
Las exigencias de su movimiento, fueron: la inmediata renuncia del presidente constitucional del Perú Alejandro Toledo y la convocatoria a un Asamblea Constituyente, pues, afirmó Humala, que: “Este gobierno ya superó los límites de corrupción y subordinación ante el dominio extranjero político, militar y económico”. Así mismo, su hermano el Comandante Ollanta Humala, agregado militar en Corea del Sur, hizo un llamado al pueblo peruano para que se una al levantamiento etnocacerista y promuevan conjuntamente la caída de Toledo.
Ante esta crítica situación, pocas fueron las posiciones inteligentes y serenas, como las del congresista de la República, Michel Martínez o el representante de la Cruz Roja Peruana, quienes pidieron ser mediadores en un diálogo para que se arregle el conflicto, en el sur peruano. Luego se escucharon a los conocidos “analistas-intelectuales”, congresistas, tribunos, la izquierda chicha, fujimoristas, encuestadores, periodistas (la mayoría de ellos, disque, luchadores de la democracia y los derechos humanos), pidieron a voz unánime “poner orden” si es necesario a sangre y fuego, como lo insinuó anoche Carlos Ferrero, presidente del Consejo de Ministros y conocido tránsfuga político.
Suponemos que Ferrero -el traductor de Elian Karp- añora la masacre que perpetraron sus “fujihéroes” en abril de 1997 en la residencia del embajador japonés en San Isidro, cuando más de 100 comandos del ejército aplastaron a 14 integrantes del MRTA, y algunos rendidos, fueron ejecutados extrajudicialmente.
Pero, aparecieron posiciones preocupantes, algunas institucionales y otras, filo institucionales, como la del feroz ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, quien como es conocido, pidió orden sin importar las consecuencias. Rospigliosi trabaja hoy en el Instituto de Defensa Legal (IDL), entidad que durante el fujimorismo, trabajó de manera comprometida en casos de derechos humanos, pero parece que el financiamiento cambia y las posturas también.
Luego el pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el cual sorprendió, al aprobar el discurso de Ferrero en Palacio de Gobierno, de excluir el diálogo en la solución al problema.
Extraña mucho estas actitudes de ONGs que otrora, buscaban salidas pacíficas, para grupos como el MRTA. Algo parecido ocurrió cuando se fue a pedir apoyo a Amnistía Internacional-Perú, para el caso de César Zelada, detenido injustamente en Bolivia, estos se lavaron las manos, diciendo que no les competía. Parece, que esta vez, James Petras tampoco se equivoca en su análisis, pues, en el discurso etnocacerista siempre está presente el desacuerdo con el modelo neoliberal impuesto por Washington y su dominio geopolítico en América Latina, pero, sobre todo, muestra su disconformidad con el papel político-social que cumplen las ONGs en los países pobres.
Esperemos que la subvención económica y por tanto, la posición ideológica, no sea motivo por el, que, los organismos de derechos humanos renuncien a su defensa por la vida de cualquier peruano, saliendo a favor del gatillo fácil, que, anteriormente, ellos acusaron y descartaron como solución a los conflictos sociales. Y, tomando en cuenta que este levantamiento, sólo sigue la cadena violentista, que recorre el país los últimos años por descontento económico, laboral, defensa del medio ambiente, cultivos de coca, canon minero, de impartir justicia, entre otros. El silencio ante al gatillo fácil no es bueno para nadie.
posted by GARABOMBO at 7:20 AM
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